ACUSADOS DE FRAUDE EN TIMAUKEL DEBERÁN ENFRENTAR NUEVO JUICIO

La Corte de Apelaciones declaró nulo el juicio y la sentencia que sancionó la conducta del ex alcalde Atilio Gallardo Bustamante y de otras siete personas, investigadas por su presunta vinculación en los delitos de malversación de caudales públicos y fraude de 150 millones de pesos, que afectaron a la Municipalidad de Timaukel, en Tierra del Fuego.
Los ocho acusados enfrentaron un juicio que se inició el 7 de julio pasado y que se extendió hasta el 9 de septiembre, con un total de 40 jornadas de audiencia. El procedimiento es el más extenso desarrollado en Punta Arenas desde que entró en vigor la Reforma Procesal Penal.
Al término del mismo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, integrado por los jueces Luis Alvarez Valdés, Jovita Soto Maldonado y Claudio Neculmán Muñoz, condenó a cinco de ellos y absolvió a los restantes tres. En el caso del ex alcalde Atilio Gallardo, fue encontrado culpable de sólo tres de los 68 delitos por los que fue acusado por la Fiscalía.
A Néstor Caro Pérez se le impuso 5 años de cárcel por el delito reiterado de malversación de caudales públicos; Igual pena recibió Luis Meriño Lema, por dos casos de estafa; Adán Huenteo Antimán, 541 días de presidio, por estafa; Miguelina Barría Alvarez, dos penas de 541 días de cárcel, por dos estafas, y Atilio Gallardo Bustamante, a la pena de 6 años de inhabilitación especial temporal para cargo u oficio por malversación de caudales públicos. La misma sentencia absolvió a Patricio Arteaga Zárate, Yolanda Díaz Chacón y Sixto Subiabre.
En contra de este fallo recurrieron de nulidad la Fiscalía, Consejo de Defensa del Estado, y el abogado Juan Carlos Rebolledo, defensor del destituido jefe comunal.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas al resolver los recursos de nulidad tenidos a la vista, acogió la presentación del abogado del Consejo de Defensa del Estado, Michael Wilkendorf, por la causal impetrada en el artículo 374, letra e), del Código Procesal Penal, esto es la omisión por parte de la sentencia del Tribunal de la valoración de los medios de prueba.
En consecuencia, la sentencia de fecha 1 de octubre de 2014, se inválida, al igual que el juicio, por lo que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal deberá fijar nueva fecha para la celebración de un nuevo procedimiento penal, con jueces distintos respecto de los que fallaron originalmente la causa.
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